Con el lema “Rompamos el silencio”, y para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia 2020, se convoca a nivel internacional a denunciar las desigualdades en todo el mundo, la discriminación, las restricciones a las libertades básicas y el odio que sufren las personas LGBT+ en muchas sociedades.

Pues a pesar de que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales el 17 de mayo de 1990, en la actualidad aún persiste el estigma hacia la población LGBT+.

De acuerdo con Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista especializado en el tema, en una entrevista con la agencia Notimex, aseguró que a nivel mundial sigue existiendo discriminación y sentimientos de odio hacia esta comunidad, a pesar de los esfuerzos por incluir a este sector de la población en la sociedad, pues se han apelado por sus derechos desde hace más de 30 años.

Sánchez Guadarrama indicó que 35 por ciento de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir 68 países, aún criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.

Incluso en seis de estos se les condena con cadena perpetua. Es decir, para ellos quienes incumplen la ley son las personas con preferencias sexuales diferentes a la heterosexualidad, de acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, (ILGA, por sus siglas en inglés).

Además, se ha observado que existe una tendencia con relación al homicidio de odio para esta comunidad en países más corruptos, desiguales y mayormente subdesarrollados, afirmó Sánchez Guadarrama.

MÉXICO, LA HOMOFOBIA Y LOS CRÍMENES DE ODIO

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el periodista especializado en el tema, Gerardo Sánchez Guadarrama, publicó en la agencia Notimex, una investigación en una serie de tres entregas relacionado con el homicidio de odio en perjuicio de la población LGBTI+.

En su investigación se concluye que ese tipo de delitos son problema incuantificable, pues la mayoría de los estados del país no lo tienen tipificado, y de los que sí lo castigan, casi ninguno registra las cifras sobre este tipo de crimen.

Los vacíos legales en los 32 códigos penales del país y la falta de un criterio unificado para castigar el homicidio por razones homofóbicas propician un escenario de impunidad para quienes cometen ese delito.

Después de una revisión de los códigos penales estatales, que comprendió hasta su última actualización del 31 de enero de 2019, quedó en evidencia que no existe un criterio uniforme para tipificar esos crímenes de odio, lo cual dificulta su persecución y sanción.

Esa situación deja en la indefensión a las víctimas, quienes son asesinadas en razón de su preferencia u orientación sexual e identidad de género.

COVID-19 Y LA HOMOFOBIA

En todo el mundo, la pandemia de COVID-19 está exacerbando las desigualdades existentes, incluidas las basadas en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales, con efectos devastadores para las personas LGBT+, que ya de por sí son quienes más sufren la marginación y la exclusión, se afirma en la declaración de ONU Mujeres, con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia, la Interfobia y la Transfobia 2020.

Esto es especialmente importante ahora, ya que las medidas de respuesta de emergencia de los gobiernos, se están utilizando en algunos contextos para justificar el retroceso de los derechos y las protecciones esenciales de las personas LGBTI+ y, lo que es peor, culpabilizarlas en algunos casos del origen de la enfermedad.

Las personas LGBTI+ se enfrentan sistemáticamente a obstáculos para acceder a los servicios de atención de la salud y de apoyo relacionados, especialmente en lugares donde sus identidades se consideran un delito o son perseguidas, y donde a menudo se les niegan tratamientos esenciales o sufren maltrato.

Esto puede hacer que las personas eviten acudir a servicios de salud críticos por temor a ser arrestadas o ser objeto de violencia.

El contexto pandémico está intensificando estos retos y aumentando las vulnerabilidades ante el COVID-19, además de los problemas sanitarios existentes.

Cuando estas necesidades sanitarias pierden prioridad, incluida la atención médica relacionada con la transición de género, rápidamente surgen graves consecuencias para la salud mental y física.

Los impactos sociales y económicos de la crisis del COVID-19 ya afectan seriamente a las personas LGBTI+, inhibiendo incluso su acceso a medios de vida y vivienda, especialmente allí donde las redes de seguridad social son precarias.

Las medidas de cuarentena provocan que personas LGBTI+, en particular la juventud, se encuentre en situación de peligro en hogares hostiles o relaciones de maltrato.

Las personas transgénero están más expuestas que nunca a la discriminación, el acoso policial y la falta de acceso a los tribunales en países donde la pandemia ejerce presiones adicionales sobre las instituciones judiciales y de seguridad.

LA ONU Y EL PNUD ANTE LA HOMOFOBIA

De acuerdo con la declaración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, es la expresión de respeto de una sociedad, en la que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creando un ambiente de respeto hacia las personas LGTI+.

Para poner fin a la violencia y a la discriminación contra las personas LGBTI+, el PNUD ayuda a los países a promover un desarrollo inclusivo mediante iniciativas dirigidas a poner fin a la exclusión, la discriminación y la violencia contra las comunidades LGBTI.

Por todo ello, alzar nuestras voces contra la homofobia, la transfobia, la bifobia y la intersexfobia el 17 de mayo nos ofrece una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el respeto a la dignidad humana y la defensa de los derechos humanos. Tenemos la obligación de hacer todo cuanto esté en nuestras manos para garantizar la justicia y la protección para todas las personas, y que nadie se quede atrás.