En materia de Leyes podríamos afirmar que 2019 fue un año pobre, por la cantidad de iniciativas que los congresos locales y federales presentaron y aprobaron para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la que son y han sido víctimas, así como de legislaciones, medidas y programas que buscaran proteger e impulsar su desarrollo.
Aun así, con las leyes o reformas aprobadas este 2019, y con las acciones y programas firmados o puestos en marcha por algunos gobiernos, México dio un gran paso y tuvo un avance en materia de protección y garantía de derechos humanos de las mujeres, para que 2020 se perfile como un año de mejores condiciones y garantías para ellas, al menos en algunos aspectos.
A continuación, el resumen de las principales:
La Cámara de Diputados aprobó el 19 de febrero de 2019 que el feminicidio sea un “delito grave” que amerita prisión preventiva oficiosa.
La reforma al artículo 19 de la Constitución amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, por lo que se agregaron, además del feminicidio: corrupción, delitos electorales y fiscales, robo de combustibles, abuso y violencia sexual, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, los delitos en materia de desaparición forzada y el abuso de autoridades.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar impuesta por un juez, y consiste básicamente en la privación temporal del derecho a la libertad personal, con el fin de asegurar la integridad de las víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.
Fue hasta el 12 de abril de 2019, que el Decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Aunque la prisión preventiva “no resuelve el problema” de violencia e inseguridad que vive el país, lo que se busca es generar un equilibrio y reducir la sensación de impunidad que ha causado el sistema penal.
Cabe señalar que la Reforma tiene huecos por la “interpretación de los jueces” y puede dejar libre al agresor, como en el caso de Abril Pérez Sagaón.
Juan Carlos García fue denunciado por Abril tras haberla golpeado con un bate de béisbol y tratar de asfixiarla en enero de 2019. El ex esposo fue ingresado al Reclusorio Oriente por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Con al menos seis meses de haber entrado en vigor esta reforma, Juan Carlos salió libre en noviembre del mismo año, porque el juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a “lesiones y violencia familiar”.
Eso allanó el camino para retirar la prisión preventiva, y el hombre quedó en libertad el pasado 8 de noviembre por decisión del juez Carlos Trujillo Rodríguez.
El lunes 25 de noviembre, mientras miles de mujeres tomaban las calles de la CDMX en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Abril Pérez Sagaón fue asesinada a tiros mientras viajaba a bordo de un automóvil acompañada de sus hijos y el abogado de la familia. Se presume que su esposo fue el autor intelectual del crimen.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó el 01 de mayo del 2019, en el Diario Oficial de la Federación, un decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
En este decreto, mejor conocido como Reforma Laboral, se modifican diversas disposiciones de interés para las trabajadoras y trabajadores, sindicatos y empresas, y que entraron en vigor a partir del 02 de mayo de 2019.
Entre las disposiciones que garantizan equidad, democracia laboral y protección e impulso a la mujer están:
1.- Se establece un plazo máximo de 8 meses, que concluye el 01 de enero de 2020, para que los sindicatos modifiquen sus estatutos conforme a las nuevas reglas en materia de democracia sindical, equidad de género y negociación colectiva, e incluyan el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores en sus procedimientos de elección de dirigentes, así como otras garantías en materia de rendición de cuentas y equidad de género.
2.- La obligatoriedad de las empresas de acuerdo y en conjunto con los trabajadores, de tener un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual, así como también para erradicar el trabajo forzoso e infantil.
3.- En la nueva ley surge la figura de “las trabajadoras del hogar”, con la obligación de brindarles seguridad social, IMSS. Además establece que se les debe proporcionar un horario especial de descanso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expidió el 7 de mayo de 2019, un decreto que adiciona dos párrafos al artículo 152 de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con lo que beneficia al personal militar femenino.
En el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se señala que “Se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:
Artículo 152. …
“A solicitud expresa del personal militar femenino, previa autorización escrita del médico responsable de la paciente y tomando en cuenta la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes de licencia anterior a la fecha probable del parto para después del mismo.
“La licencia posterior al parto aumentará dos meses adicionales, en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, previa presentación del certificado o dictamen correspondiente expedido por médicos militares o navales especialistas en servicio activo”.
El 29 de mayo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en Palacio Nacional el lanzamiento de la Iniciativa “Spotlight” para prevenir y erradicar el feminicidio en México.
Estuvieron presentes la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Nadine Gasman Zylbermann, titular del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Stefano Manservisi, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea.
La Iniciativa Spotlight es una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
El nombre de la iniciativa —Spotlight, que significa “foco” en inglés— nos recuerda que, a menudo, esta violencia tiene lugar en la oscuridad, se niega o se oculta.
Con nuestros esfuerzos, podemos sacarla a la luz pública, convertirla en el centro de atención y tomar medidas para eliminarla.
Se trata de una iniciativa sin precedentes, de carácter mundial y plurianual, que ha contado con una inversión inicial de 500 millones de euros, con la Unión Europea como contribuidor principal.
Cuenta con la colaboración de otros donantes y asociados que han ampliado el alcance y magnitud de la campaña.
Para financiarla, se emplea un fondo fiduciario de las Naciones Unidas, administrado por la Oficina de los Fondos Fiduciarios de Donantes Múltiples, apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres, y supervisado por la Oficina Ejecutiva del Secretario General.
El 4 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma y deroga las dispensas y excepciones al matrimonio antes de los 18 años.
De esta forma se elimina la versión anterior donde se permitía el matrimonio a partir de 16 años para los hombres y 14 años para las mujeres.
También se deroga la posibilidad de que autoridades locales y familiares concedieran dispensas o consentimiento para contraer matrimonio antes de los 18 años.
A partir de esta fecha, 31 Códigos Civiles locales prohíben de forma absoluta el matrimonio antes de los 18 años, y sólo el estado de Baja California aún conserva en sus leyes estatales excepciones y dispensas.
A esto se suma la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de marzo de 2019, que respondió a la acción de inconstitucionalidad 22/2016 promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, para fijar la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, sin permitir excepciones legales para su celebración a personas menores de esa edad.
Las reformas que entraron en vigor contienen la reciente prohibición del matrimonio infantil en el Código Civil Federal hecha por el Senado de la República, por votación unánime el 21 de marzo de 2019, que derogó y modificó varios de sus artículos y posteriormente fue aceptada en la Cámara de Diputados.
Erradicar el matrimonio antes de los 18 años de edad y lograr el interés superior de niñas, niños y adolescentes, seguirá siendo uno de los objetivos del Gobierno de México, se informó en un comunicado.
El 5 de junio de 2019, con la aprobación de 23 legislaturas estatales, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Martí Batres, realizó la declaratoria de aprobación del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que entre en vigor la Reforma Constitucional de Paridad de Género en los órganos del Estado.
Por su parte, el presidente en ese entonces de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que este fue un gran paso para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, consideró que aún falta mucho por hacer en la materia, pues se debe buscar paridad en otros ámbitos de la vida social.
El principio fundamental de la Reforma es elevar a rango Constitucional “la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder público”.
En principio se obliga a que la integración de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como la de sus equivalentes en las entidades y municipios, sea equitativa. En específico:
• Los gobiernos estatales y ayuntamientos tendrán que ser integrados, de manera equitativa, por mujeres y hombres.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará integrada por ministras y ministros. La conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará mediante concursos abiertos, con igual número de mujeres que de hombres.
• De la misma manera, se aplicará para los partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de autoridad en el ámbito de la Federación, las entidades, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.
• También se establece que los representantes de la población indígena ante los ayuntamientos se elegirán conforme al principio de paridad de género.
El proyecto de decreto se envió a la Secretaría de Gobernación para que lo publicara el 6 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Luego de la publicación de la Reforma Constitucional, se dieron lugar los siguientes acontecimientos y nombramientos:
El Congreso de Oaxaca aprobó el 25 de septiembre, con 24 votos a favor y 12 en contra, reformas al Código Penal del estado que despenalizan el aborto y que permiten la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
El gobierno estatal publicó la reforma en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca (POE) el 24 de octubre, sin embargo, aún no se pueden practicar abortos debido a que no se aprobaron los cambios a la Constitución y hay una impugnación a la ley.
Una Ley que llama la atención que haya logrado consenso de la mayoría de los congresos este 2019, incluido el Federal, por ser una iniciativa ciudadana, es la llamada Ley Olimpia, que busca castigar con cárcel a quienes compartan imágenes íntimas y con contenido sexual de otra persona sin su consentimiento.
Tan solo en 2019 fue aprobada por 14 estados. El último estado en tipificar la violencia digital como un delito fue Tlaxcala el 13 de diciembre.
El Congreso local aprobó castigar con cárcel y a quienes incurran en esta práctica, y, si se trata de un funcionario, se enfrentará también a la destitución.
Con el alcance que la legislación tuvo este año, suman 16 Estados, así como la Cámara de Diputados, quien luego de una aprobación unánime (400 votos), la turnó al Senado de la República, con lo que dicha ley podría ser en 2020 una realidad a nivel nacional.
La ley toma el nombre de la activista Olimpia Coral Melo quien en 2012 accedió a grabar un video íntimo con su entonces pareja y tiempo después, y sin su consentimiento, la grabación fue difundida en redes sociales y WhatsApp, y luego se encontró con la novedad de que dicha acción no estaba tipificada como delito.
Dos años después, en 2014, Coral Melo venció la depresión que el acoso y las burlas le provocaron, y fundó el Frente Nacional para la Sororidad donde elaboró una ley, ahora conocida como la Ley Olimpia, para enviar a la cárcel a los responsables de subir a internet imágenes, videos y audios de contenido sexual difundidos sin consentimiento de los involucrados.
Los congresos de los estados que ya han aprobado esta legislación son:
2018: Puebla y Yucatán
2019: Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes, Estado de México, Guerrero, Coahuila, Chiapas, Zacatecas, Veracruz y Guanajuato.
El 30 de septiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la llamada “Ley General de Educación”, misma que abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
La nueva Ley General de Educación a la que Morena calificó como la “joya de la corona, la nueva escuela mexicana del futuro’’ garantiza la gratuidad de la educación desde la inicial y hasta la superior, y estipula que la educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica; y reconoce a la educación inicial como un derecho de la niñez.
Además, destacan que “los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para, y desde ello, contribuir a la construcción de una sociedad en donde a las mujeres y a los hombres se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades”.
El 21 de noviembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, y representantes de colectivos feministas y mujeres del país.
Dicho acuerdo, es resultado de 32 foros de consulta realizados a nivel nacional en los que fueron escuchadas las necesidades de las mujeres.
El Acuerdo busca impulsar la inclusión productiva y económica, así como una vida en Paz y sin miedo para las mujeres, con educación para todas, respeto y seguridad y que a la letra dice:
“El gobierno de la Cuarta Transformación, fiel a sus ideales de justicia, honestidad, transparencia y lucha contra la desigualdad, teniendo en el corazón de su ideario a las personas más desfavorecidas y abandonadas por la historia, nos comprometemos a trabajar:
Primero. Para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la Cuarta Transformación y del desarrollo de México.
Segundo. Para que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres.
Tercero. Para garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas con educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad.
Cuarto. Para que las familias y los centros de trabajo compartan los trabajos de cuidado y las mujeres tengan más tiempo propio.
Quinto. Para que se procure una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida.
Sexto. Para trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno, la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas”.
Más a fuerza que por ideario y proyecto político, Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer electa en la historia democrática de la CDMX, tuvo que tomar medidas, acciones e iniciativas que, al final, resultaron positivas para las mujeres de la CDMX, y más como una respuesta o reacción a las diversas protestas sociales de colectivos y grupos feministas.