La crisis económica, social y de salud provocada por la pandemia del COVID-19 en México puede tener efectos devastadores y de largo plazo sobre las niñas y niños que viven en pobreza.
Por ello, se requiere una actuación contundente del Gobierno Federal a fin de garantizar la permanencia de programas enfocados a atender a este importante sector de la población.
En ello coinciden 172 organizaciones firmantes de una carta abierta al Presidente de la República y a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud, en la que se hace un llamado para que los recortes presupuestales anunciados no afecten la continuidad de los programas públicos que benefician a la primera infancia y que resultan imprescindibles en el actual escenario.
Dichas organizaciones suscribieron un posicionamiento del Pacto por la Primera Infancia en el que se expresa la preocupación ante la posibilidad de que dichos programas dejen de operar como consecuencia del decreto presidencial del 23 de abril en el que se mandata a las dependencias y entidades federales a no ejercer el 75% del presupuesto disponible en las partidas de servicios generales, materiales y suministros.
Las organizaciones firmantes hacen un atento llamado a que se confirme que serán exceptuados del recorte presupuestal programas como el de vacunación; el de salud en materia sexual y reproductiva; el de servicios de asistencia social integral; el de producción y distribución de libros y materiales educativos, el de producción y transmisión de materiales educativos; el de educación inicial y básica comunitaria; el de protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el de servicios de guardería y el de servicios de estancias de bienestar y desarrollo social.
En el texto se advierte que la crisis provocada por el COVID-19 “tendrá efectos devastadores y de largo plazo sobre las niñas y niños que viven en pobreza. Su número y porcentaje aumentará, veremos un incremento en las prevalencias de desnutrición aguda y crónica, se incrementará la mortalidad y la morbilidad, y consta en los registros que ya ha aumentado la violencia que viven al interior de sus hogares”.
En consecuencia, millones de niñas y niños menores de 6 años verán afectados su desarrollo físico, intelectual y emocional con consecuencias para toda la vida y “de no actuar con vigor para mitigar estos efectos, el país podría perder el potencial de una generación”.
Por tanto, concluyen las organizaciones firmantes, no se puede debilitar la operatividad de los programas que existen; por el contrario, habría que fortalecer y ampliar la oferta de acciones concretas del gobierno mexicano para garantizar su derecho a una buena nutrición, a servicios de salud, a oportunidades de aprendizaje, a cuidados de calidad y a una vida libre de violencia.
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