Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), al participar en la Mesa “Violencia Política. Violencia Electoral”, celebrada en la Cámara de Diputados, insistió que el país necesita que los actores políticos sepan que existen consecuencias al ejercer violencia política.
“Necesitamos que exista una consecuencia de un actuar que no debemos tolerar. El Estado y sus instituciones están obligados a generar las condiciones para proteger a las mujeres en política”, puntualizó.
Se trabaja en una propuesta para establecer como agravantes de los delitos electorales la violencia política, pues a mayor número de mujeres en puestos públicos, más se ha elevado la violencia en su contra.
Externó que autoridades como el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) recibieron, a nivel federal, 38 casos de violencia política, de los cuales únicamente siete fueron abiertos a investigación.
A nivel Local, se recibieron 102 casos en 21 entidades federativas.
Estados como Puebla, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca son los que registran mayor violencia política en razón de género.
Asimismo, informó que, en 2018, 16 mujeres fueron asesinadas por violencia política. En algunos casos la respuesta de las autoridades fue inmediata, lo cual, dijo, permitió el pleno ejercicio de sus cargos, sentando así precedentes en la materia.
La Consejera también habló sobre los retos que enfrenta el tema, entre ellos, la ausencia de un marco normativo que defina a la violencia política, lo cual propicia que el tema se complejice. Por lo anterior, señaló que es indispensable una mayor coordinación entre todas las autoridades competentes y generar sinergias en la adecuada atención de víctimas.
“Debemos tanto a nivel federal como local, llevar registros de las denuncias, personas denunciadas, conductas y avances de los casos, para armonizar la protección de los derechos político electorales”.
Finalmente, mencionó que las instituciones del Estado están obligadas a capacitar a hombres y mujeres en el tema y evitar que se reproduzcan modelos y conductas violentas que afectan a la sociedad.
“Las mujeres no podemos seguir siendo excluidas de los cargos de toma de decisiones, porque esta exclusión lesiona la credibilidad de las instituciones generando así un clima adverso en los procesos electorales, enfatizó Zavala Pérez.
A pesar de que actualmente son reconocidos los derechos de las mujeres a votar y ser votadas (1953), y que se han introducido los criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a diversos cargos de elección popular (2014), aún persiste un impedimento grave para el avance político de las mujeres en el país: la violencia política por razones de género.
Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra.
En México, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguirla y sancionarla.
A pesar de que aún la violencia política contra las mujeres no está tipificada como un delito, la Ciudad de México cuenta con una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, reformada en 2017 para actualizar el tipo de violencia política en razón de género y la modalidad mediática.
Conforme lo establecido en el artículo 7 de dicha ley, se entiende por violencia política en razón de género:
“Toda acción u omisión ejercida en contra de una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha señalado que la “normalización” de la violencia política contra las mujeres impide identificarla adecuadamente y se minimiza “la gravedad de los hechos y sus consecuencias.
Además, legitima la ‘extrañeza’ y el ‘reclamo’ hacia las mujeres que la denuncian, poniendo en riesgo sus aspiraciones políticas e, incluso, su integridad física y psicológica en la premisa de que ‘si las mujeres querían incursionar en el ámbito público, tendrían que ajustarse a las reglas del juego’”.