El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en ese país, y ya no es un delito según la ley colombiana. A partir de la citada fecha, se podrá abortar hasta los seis meses de embarazo sin que la mujer reciba castigo penal.
Sin embargo, el tribunal aseguró que la práctica no se eliminará del Código Penal y será juzgada si se realiza después de ese tiempo y fuera de las tres causales existentes hasta ahora: Cuando la vida o la salud de la mujer se encuentran en peligro, cuando hay malformación del feto o cuando es fruto de violación o incesto.
#LaCorteInforma ⚖️ l Conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006 pic.twitter.com/J7hfhLAEeq
— Corte Constitucional (@CConstitucional) February 21, 2022
De acuerdo con varios medios colombianos, esta es una decisión aplaudida por varios grupos feministas y en defensa de los derechos de las mujeres. La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados.
El fallo de la Corte se produce como respuesta a una demanda presentada en 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones, en la que el colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto y eliminar por completo el delito del Código Penal.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2021 resolvió por unanimidad de diez votos, que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
Tales medidas, forman parte de un cambio cultural radical en América Latina, en una región conocida históricamente por su fe católica y el conservadurismo social, mismas que dan un impulso a los derechos de las mujeres.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, casi la mitad de los embarazos —unos 121 millones— son involuntarios, y seis de cada diez de esta categoría terminan en aborto provocado. Cuando se lleva a cabo un aborto peligroso para interrumpir el embarazo, pueden sobrevenir costos fisiológicos, económicos y emocionales devastadores y perdurables para la mujer y su familia, así como para la comunidad en general.
Las complicaciones físicas del aborto peligroso consisten en hemorragia, infección, septicemia, peritonitis y traumatismos del cuello uterino, la vagina, el útero y los órganos abdominales. Una de cada cuatro mujeres que se someten a un aborto peligroso probablemente sufra alguna discapacidad temporal o de por vida que requiera atención médica.
Entre el 4,7 y el 13,2% de las muertes maternas puede atribuirse al aborto peligroso. La mortalidad por esta causa es mucho mayor en las regiones en desarrollo y, en particular, afecta desproporcionadamente a las mujeres en África.
El tratamiento de las complicaciones del aborto peligroso lleva aparejado un costo considerable. Estimaciones del año 2006 muestran que, en los países en desarrollo, el costo anual para los sistemas de salud se distribuye de esta manera:
El aborto peligroso también puede acarrear costos económicos a corto y largo plazo para las mujeres y, en última instancia, para las familias y comunidades enteras.